La Mesa del Parlament como síntoma

EL calendario político post 21-D establece que dentro de dos semanas se constituirá el nuevo Parlament de Catalunya y, dentro de cuatro, se acometerá la primera sesión del debate de investidura. Ahora bien, antes debe formarse la Mesa del Parlament. Y no parece que esta vaya a ser una tarea sencilla. Las dos primeras fuerzas independentistas –Junts per Catalunya (JxC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– coinciden en que Ciudadanos (Cs), que fue el partido más votado, no debe hacerse con la presidencia de la Mesa. Pero sus coincidencias no van mucho más lejos. JxC sigue defendiendo que Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat cesado y afincado en Bruselas, debe ser restituido en su cargo. ERC no lo ve fácil, y ayer emplazó a JxC a que concrete cómo va a conseguirlo, dado que no es posible que Puigdemont sea investido por vía telemática y presida Catalunya desde otro país. Aunque sí es probable que sea detenido si regresa de Bélgica. Y mientras la presidencia de la Generalitat sigue en el aire, la del Parlament tampoco progresa, y la reorganización institucional de la Catalunya post 21-D se enreda.

Recordaremos aquí que la función básica del Parlament, órgano de representación de la ciudadanía de Catalunya, es legislativa y de control de la acción del Govern. Pero no es menos cierto que en la actual coyuntura el Parlament, y en particular su Mesa, desde la que se ordena el trabajo de dicha Cámara, es también un codiciado objeto de brega política. De ahí que, a pesar de su condición de órgano colegiado, el independentismo vea dicha Mesa como un posible instrumento al servicio de sus políticas. Esto último quedó me­ridianamente claro en la pasada legislatura, cuando la Mesa respaldó e impulsó acciones decisivas en pro de la secesión. Motivo por el cual la mayoría de sus miembros, empezando por la presidenta Carme Forcadell, están procesados. No sólo eso: además están explícitamente advertidos de que si reinciden en conductas anticonstitucionales, empeorarán su situación judicial.

Así las cosas, se impone un ejercicio de realismo. Es bien cierto que la reivindicación legitimista que Puigdemont situó como eje de su campaña electoral le dio el 21-D muy buenos resultados. Pero no es menos cierto que la hora de la unilateralidad, según reconocen la mayoría de los independentistas, incluidos no pocos de sus líderes, quedó ya atrás. El mencionado ejercicio de realismo obliga al soberanismo en general, y a Puigdemont en particular, a darse cuenta de que no está ya en su mano volver a la situación previa a la convocatoria de elecciones del 21-D; que esta legislatura no puede acabar con un fracaso similar al de la anterior; y que la realidad paralela que alimenta, con tesón digno de mejor causa, tiene un recorrido limitado. Ello es así por tres motivos. El primero es que el independentismo no creció en porcentaje de votos el 21-D respecto al 27-S, alejándose del anhelado 50%. El segundo, que toda decisión anticonstitucional puede llevar a quienes la adopten –ya se vio– a la cárcel o el exilio. Y el tercero, y más importante, que Catalunya no puede seguir sujeta al dictado de la mitad de su población. En suma, hacemos votos por la pronta constitución de una Mesa del Parlament que represente la pluralidad catalana, que no postergue a ciertos partidos por razones ideológicas, y que respete las indicaciones del Consell de Garan­ties Estatutàries. Ese sería un síntoma esperanzador ante una legislatura que se anuncia complicada.