El fragmento más escandaloso del auto del Supremo contra la excarcelación de Junqueras, dice lo siguiente: “Es cierto que no consta que el recurrente haya participado ejecutando personalmente actos violentos concretos. Tampoco consta que diera órdenes directas en tal sentido”. Sí así lo reconoce, ¿cómo es posible considerarlo culpable de alzamiento violento contra el Estado? Lo es en la medida en que el Supremo levanta un edificio argumental lleno de supuestos del estilo, “no necesitaban la violencia para asaltar el poder y ejecutar su plan”, o “la aceptación del plan incluía la aceptación de previsibles y altamente probables episodios de violencia para conseguir la finalidad”. Es decir, no era violento, no había participado en actos violentos, ni los había ordenado, pero... está acusado de rebelión porque es violento. Como ha dicho su abogado Van den Eynde, han hecho una sentencia y no una respuesta a un recurso, y “han forzado una realidad alternativa”, una especie de mundo paralelo donde el hombre pacífico Junqueras se convierte “en una persona violenta o que insta a la violencia”. Surrealista. Si añadimos otro fragmento del auto, la alarma entra en fase de pánico. Dice con respecto a las ideas de Junqueras: “El proyecto político subsiste y el recurrente no lo ha abandonado. (...) De ello se desprende un riesgo relevante de reiteración en la misma conducta delictiva”. Es decir, resulta (y no se asusten ante el descubrimiento) que Junqueras es independentista y, peor todavía, quiere seguir siéndolo, de manera que, a la grave “culpa” política, hay que añadirle una severa “culpa” penal. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que un recurso para pedir la libertad de un líder político, votado por centenares de miles de personas, obtenga una respuesta llena de motivos políticos, sobrecargada de supuestos y con el “considerando” de sus planteamientos ideológicos? Es una persecución de las ideas, un memorándum de agravios ideológicos donde, como dice el doctor Queralt, “se valoran elementos políticos ajenos a la justicia, y no si concurren los elementos legales de los delitos y los necesarios para mantener la prisión”. Es decir, se mantiene en la prisión por lo que piensa y lo que representa. Si eso no es persecución política, ¡qué lo será! Lo afirmaba la diputada de Comuns Elisenda Alamany, en un tuit explícito: “Es propio de un tribunal de la Inquisición”. En este punto, no resulta extraño que el presidente Puigdemont asegure que ya no se trata de presos políticos, sino de “rehenes”. Con una previa que huele a azufre: algunos periodistas como Ekaizer ya sabían lo que diría el auto antes de haberse reunido la sala. Al final parece lo que parece: que la decisión de culparlos de rebelión está tomada, que la consigna es política y que sólo necesitan montar un edificio de argumentos estrambóticos para hacer cuadrar el círculo. Un horror. |
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