EDITORIAL

Tiempo de espera sobre fondo gris

30/12/2017 00:22 | Actualizado a 30/12/2017 03:23

Un año de transición. Quizá sea esta la mejor definición de las perspectivas que ofrece el año 2018 en España. Un año de transición hacia una mayor consolidación de la mejoría económica –que no llega de igual manera a todos los hogares– y un año de transición hacia un nuevo ciclo electoral que puede volver a modificar de manera sustantiva el Parlamento. Un año de transición en la incierta crisis de Catalunya, que dista mucho de haberse cerrado. Un año a la espera de tiempos mejores, mientras la Unión Europea intenta redefinir su futuro.

Nada es sólido en España desde que comenzó la gran crisis económica, pero el presidente Mariano Rajoy quiere que su Gobierno sea predecible. No habrá adelanto electoral en el 2018 pese a los contratiempos acumulados, se gobernará con los apoyos disponibles y si estos no son suficientes se prorrogarán los presupuestos generales del Estado. Si el renovado Parlament de Catalunya y el nuevo Govern de la Generalitat vuelven a incumplir la Constitución, se aplicará otra vez el artículo 155. La legislatura seguirá su curso, truene, granice, llueva o caiga nieve, a la espera de que la mejora económica se convierta en el mejor de los bálsamos. Este es el programa del presidente Rajoy para el año que viene: corto y fácil de entender.

El Estado ha impuesto su autoridad en Catalunya. No hay ninguna duda sobre ello. La crisis final se podía haber evitado con la convocatoria de elecciones antes de la aplicación del artículo 155. Desde este diario lo defendimos, lo reclamamos e incluso lo imploramos. Sabíamos qué iba a ocurrir si la mayoría independentista en el Parlament cometía la enorme irresponsabilidad de proclamar o enunciar –no es lo mismo– la independencia. Se enunció una república y nadie la reconoció, ni siquiera sus promotores, que en las horas siguientes no tomaron ninguna medida ejecutiva al respecto. Se aplicó el 155 y todos los funcionarios de la Generalitat, sin excepción alguna, obedecieron al Estado. La lección ha sido dolorosa para muchos catalanes e importante también para los propios organismos estatales. Se ha roto el precinto de la intervención de la autonomía y no ha pasado nada. Hay un antes y un después de ese momento crítico. El después empieza en el 2018.

El Estado ha impuesto su autoridad y buena parte de la sociedad catalana tiene motivos más que suficientes para reflexionar en los próximos doce meses sobre lo que significa el peso del Estado en la Europa del siglo XXI. El Estado no se ha desvanecido. El Estado español no es una chatarra de la historia. Personas de buena fe que creyeron lo contrario deberían pedir explicaciones a los embaucadores y charlatanes que les hicieron creer que existía una verdadera ventana de oportunidad para la independencia. Advertimos que ese camino podía conducir al desastre. Advertimos que esa no era la respuesta adecuada a la injusta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Advertimos que el aventurerismo le podía salir muy caro a Catalunya, ­pero los charlatanes y los ilusionistas acabaron imponiendo su línea temeraria, cuando Carles Puigdemont ya tenía decidida la convocatoria de elecciones, el 26 de octubre. Esa es la fecha que retener: 26 de octubre, el día en que se podía haber evitado el desastre.

El Estado ha impuesto su autoridad en Catalunya, pero el partido en el Gobierno de España no ha salido bien parado del trance. Después de la aplicación del artículo 155, Rajoy creyó necesario convocar elecciones de inmediato, contra el criterio de sectores políticos y mediáticos de la derecha española que defendían una inter­vención larga de la Generalitat. En un escenario que se podía haber evitado –queremos insistir en ello–, Rajoy tomó seguramente la decisión más inteligente. Invitó a los catalanes a la reflexión y les dio la oportunidad de decidir en las urnas en el plazo de tiempo más corto ­posible. El resultado ha sido una nueva mayoría ­parlamentaria de signo independentista –sin mayoría absoluta de votos a favor de la independencia– y un ­auténtico descalabro del Partido Popular en favor de Ciudadanos.

Con dirigentes políticos en la cárcel, difícilmente podían ser unas elecciones muy reflexivas. Muchos ­ciudadanos catalanes acudieron a votar en clave estrictamente defensiva. Y otra parte importante de la sociedad acudió a las urnas, con tanta o más pasión, para parar los pies al secesionismo. Las elecciones del 21 de diciembre fueron una batalla entre dos bandos ofendidos. Han ganado los independentistas en número de escaños y Ciudadanos ha sido el partido más votado, después de absorber más de la mitad del electorado del Partido Popular, que queda reducido en Catalunya a la mínima expresión. El Estado ha impuesto su autoridad, pero el presidente del Gobierno ha sufrido en Catalunya un duro traspié.

La respuesta de Rajoy no era difícil de imaginar: tiempo, tiempo, tiempo. En su conferencia de prensa de final de año, el presidente ha dejado claro que no piensa adelantar los comicios generales y que hará lo posible para agotar la legislatura, convencido de que el crecimiento sostenido de la economía jugará finalmente a su favor. Se abre un periodo de dura brega entre el PP y Ciudadanos. La manifiesta predisposición del expresidente José María Aznar en favor de Albert Rivera puede convertir esa pugna en algo muy especial. ¿Será Ciudadanos el instrumento de la venganza de Aznar contra un Rajoy que se negó a ser un mero peón del hombre que le designó sucesor en el 2003? ¿Será Ciudadanos el verdadero partido aznarista? ¿Cómo discurrirá esa pugna? ¿Qué papel adoptarán los poderes económicos y algunos grandes medios de comunicación en la lucha que ahora se abre en el interior del centroderecha español? ¿Podría convertirse el PP en una nueva UCD? Todas estas son preguntas pertinentes para el 2018. Conviene recordar, sin embargo, que el Partido Popular es una organización política fuer­temente estructurada y con altas dosis de disciplina ­interna. El proceso de preparación de las elecciones municipales y autonómicas del 2019 empezará pronto y pondrá a prueba a la organización.

Intensa e inédita competición en el interior de la derecha española, mientras se despliegan los procesos judiciales contra los dirigentes soberanistas encausados. En este contexto, el Partido Nacionalista Vasco deberá decidir si apoya los presupuestos del 2018 y da oxígeno a Rajoy frente a Ciudadanos, partido que ya embiste frontalmente contra el cupo vasco.