ANÁLISIS

Lo que el Rey puede hacer

  • Felipe VI podría proponer candidato a presidir el Gobierno, incluso sabiendo que puede ser rechazado por las Cortes
Lo que el Rey puede hacerEl Rey Felipe VI antes de la reunión con Mariano Rajoy (Ballesteros - EFE)

 31/01/2016 22:27 | Actualizado a 01/02/2016 03:43

Todavía no se sabe quién estará en condiciones de ser investidopresidente del Gobierno, y por eso el papel del Rey ha cobrado una relevancia especial. Tal vez sea útil recordar cuáles son sus deberes constitucionales concretos, así como las obligaciones genéricas que se derivan de su posición en el régimen parlamentario que nos gobierna.

Fijémonos en dos preceptos de la Constitución (CE). El primero es el artículo 99.1, del que solo hemos visto una parte: la que se refiere a la los encuentros con líderes políticos. En efecto, el Rey ha realizado ya una ronda de consultas con los líderes de los grupos políticos con representación parlamentaria. Sin éxito, de modo que, por ahora, no parece haber un candidato viable.

El Rey ha abierto una nueva ronda de consultas, a la espera de que las fuerzas políticas hagan los pactos indispensables para asegurar la mayoría necesaria para la investidura. No se sabe cuándo pueden llegar esos pactos, ni tan siquiera si se producirán, de modo que es conveniente recordar el inciso final del art. 99.1 CE: el Rey “a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. El Jefe del Estadotiene el deber, y no solo la facultad, de dar un nombre. No tiene por qué ser el de un parlamentario. Debe ser el de una persona que cumpla con los requisitos que la ley del Gobierno impone en su artículo 11: debe ser una persona de nacionalidad española, mayor de edad, con posibilidad de ejercer sus derechos de sufragio y que no esté inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por sentencia judicial firme.

Como eso abre mucho el número de candidatos posibles, eso nos lleva a otro precepto constitucional, para ponderar el grado de discreción del que dispone el monarca. En el art. 56.1 CE se indica, con una expresión de sonoridad decimonónica, que el Jefe del Estado “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.” Ello debe interpretarse como la facultad y el deber de buscar soluciones a los conflictos políticos, siempre con el objetivo de que la vida de las instituciones se desarrolle conforme a lo previsto por las normas que las rigen. Al Rey no se le da ahí ningún poder con efectos jurídicos. Se avala su auctoritas y se legitima su capacidad de influir, y no de decidir fuera de lo que la misma Constitución le permite. Por esta razón no cabe, a mi entender, que el Rey por sí mismo pueda disolver el Congreso si no encuentra ningún candidato. La disolución no está en manos del Rey. La decisión podría tomarla un presidente del Gobierno en plenitud de sus funciones (art. 115.1 CE), lo que ahora no es el caso. O bien, y volveré sobre eso, las cámaras son disueltas automáticamente por el Rey si, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato ha logrado los votos necesarios (art. 99.5)

Creo que a la vista de la situación, en la que no se avista la formación de ninguna mayoría para la investidura, el Rey no puede permanecer indefinidamente pasivo, a la espera de lo que decidan los partidos. Para ellos no hay plazos de momento, pero el monarca tiene el deber de asegurar el funcionamiento regular de las instituciones. Y en sus manos está el que una de las incertidumbres se elimine. En principio, el Rey puede decidir cuándo propone el nombre del candidato, pero la elección del momento debe tener en cuenta la necesidad de que las instituciones funcionen. Y no funcionan bien si falta una de ellas que pueda actuar en la plenitud de sus atribuciones.

Por esta razón entiendo que el Rey podría proponer un candidato a la presidencia del Gobierno, incluso sabiendo que puede ser rechazado por el Congreso. Como mínimo, el plazo empezaría a contar, y sabríamos que, como mal menor, en dos meses se devuelve la palabra al cuerpo electoral. En todo caso, creo que sirve a la democracia representativa. En los regímenes parlamentarios, las cámaras tienen dos tareas: una, la de representar a la ciudadanía; otra, inexcusable también, decidir sobre la formación del gobierno. Si esa última función no se ejerce, se frustra una parte fundamental de la democracia actual: el gobierno del pueblo, por el pueblo, a través de sus representantes.