La urna como símbolo

 Author Img DIRECTORA ADJUNTA
07/05/2017 01:46 | Actualizado a 07/05/2017 03:06

El Govern anunció el pasado jueves que daba el primer paso para encargar las urnas del referéndum de independencia. En concreto, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica un acuerdo marco del Departament de Governació sobre “homologación de empresas para el suministro de urnas para elecciones al Parlament, consultas populares y otras formas de participación ciudadana”. ¿Significa eso que se ha ordenado ya la compra de las urnas? Aún no. Es una actuación previa que permitirá ahorrar trámites cuando se decida adquirirlas. Es un paso que, por ahora, no comporta riesgo alguno de incurrir en un delito, puesto que la Generalitat puede comprar urnas para unas elecciones, aunque hasta ahora haya preferido pedirlas prestadas en Madrid. Pero el calendario corre y si el Govern quiere celebrar el referéndum, o intentarlo, debe avanzar ya los preparativos.

En las próximas semanas, pues, se producirán actuaciones y anuncios similares, encaminados a un objetivo muy definido: revertir la imagen pública de que el referéndum no se podrá celebrar. La intención es que esos actos no traspasen de momento la línea roja que permita abrir procesos penales contra dirigentes políticos. Pese a las declaraciones y compromisos grandilocuentes, los temores entre los cargos públicos persisten, ya que ahora no se trata sólo de multas e inhabilitaciones, sino que se enfrentan también a acusaciones de malversación de fondos públicos, lo que comporta penas de prisión. La más expuesta en estos prolegómenos es la consellera de Governació, Meritxell Borràs, dirigente histórica de Convergència con una fidelidad al partido sin fisuras. Borràs ha asumido tareas ingratas como la de representar a su formación en la comisión de investigación del caso Pujol. Pero sus recientes declaraciones dan fe de que no desea incurrir en más riesgos de los necesarios y, en todo caso, no más que Oriol Junqueras.

La consellera Borràs firma el 'compromiso por el referéndum' el pasado 21 de abrilLa consellera Borràs firma el 'compromiso por el referéndum' el pasado 21 de abril (ACN)

Puesto que el referéndum está previsto para la segunda quincena de septiembre, ha llegado el momento de dar el pistoletazo de salida al último pulso con el Gobierno de Mariano Rajoy. En paralelo, Carles Puigdemont hará otra propuesta de diálogo al líder del PP sobre el referéndum, que ya da por supuesto que será rechazada, buscando cargarse de razones. En las próximas semanas, los dos socios del Govern, el PDECat y ERC, van a cerrar el desenlace concreto de la hoja de ruta que pusieron en marcha hace dos años y que es el motivo principal por el que comparten el poder. En el partido del president hay diferentes opiniones sobre cómo afrontar el final. Mientras unos consideran que primero debe aprobarse la ley de transitoriedad jurídica (conocida como de desconexión) y que ésta ampare la convocatoria y celebración del referéndum (es el lema “de la ley a la ley” que dibujó Carles Viver Pi Sunyer y que es lo que se ha venido defendiendo hasta ahora), otros prefieren saltarse esa ley e ir directamente a la consulta.

Los primeros abogan por la desobediencia con todas sus consecuencias. La ley de transitoriedad es, de facto, una proclamación unilateral de independencia realizada desde el Parlament. Los segundos argumentan que el referéndum es el objetivo que cuenta con un amplio respaldo social y no así la ley de desconexión. Según éstos, hay que centrarse en la consulta y decidir ya la fórmula de convocatoria (si lo hace el Parlament, el president, éste y el vicepresidente...). Pero en este caso se estaría eludiendo la promesa de la hoja de ruta, que era la independencia en 18 meses, sustituyéndola por una consulta que difícilmente podrá disponer de más garantías jurídicas que la del 9-N.

Así que, de momento, nadie ha roto ningún huevo para cocinar la tortilla y se procurará no hacerlo demasiado pronto, pero sí es preciso empezar a actuar y demostrar que el Govern no se echa atrás. Lo cierto es que la determinación de Puigdemont no ha flaqueado un ápice. Las urnas pueden comprarse para unas elecciones autonómicas y luego utilizarlas para un referéndum, aunque alguien deberá ordenarlo y asumir el coste. En cuanto a la organización, donde no llegue el Govern pueden hacerlo entidades y voluntarios y, aunque ya no sería el referéndum oficial prometido, las urnas se convertirían en símbolo de la protesta. Un detalle: hay obsesión por comprar urnas de metacrilato y no de cartón. Urnas transparentes precintadas o retiradas son una imagen de impacto. La urna como símbolo.