Los límites de la ‘operación diálogo’

 Author Img DIRECTORA ADJUNTA
08/01/2017 01:07 | Actualizado a 08/01/2017 04:01

Al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, le sorprendió el formato de las reuniones y rueda de prensa que le plantearon los consellers Josep Rull y Meritxell Borràs esta semana. El ministro había pedido un encuentro con Carles Puigdemont, pero en el Palau de la Generalitat le derivaron a los responsables de Territori y Habitatge. De la Serna no puso objeciones. Los consellers se reunieron con él por separado, pero le plantearon una rueda de prensa conjunta, que se convirtió en un dos contra uno en público. El ministro pidió que junto a la senyera se situara la enseña española. La Generalitat se negó y se optó por eliminar las banderas. Así que De la Serna compareció ante los periodistas flanqueado por los dos consellers, lo que favoreció que, a cada intento del ministro de convencer de sus buenas intenciones, se le apostillara desde las bandas que las promesas de Madrid hace tiempo que cayeron en saco roto... Intuyéndolo, hubo quien le previno y le desaconsejó el formato, pero el ministro tenía el encargo nítido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de favorecer ante todo un clima de entendimiento.

El protocolo parece accesorio, pero la imagen lo es todo hoy en día. La escenografía siempre ha sido fuente de conflicto entre administraciones enfrentadas. Cualquier chispa puede prender un incendio. Cuando Santamaría acudió a los premios de Foment del Treball en noviembre, Puigdemont desgranó un discurso de duros reproches que la vicepresidenta encajó sin pestañear. Cuanto más énfasis ponen los dirigentes del Ejecutivo catalán en exponer sus reclamaciones con contundencia ante los enviados de la Moncloa, más esfuerzos hacen éstos por mostrarse solícitos y exhibir buenas maneras. La consigna interna de la vicepresidenta es muy clara: no hay que dar ni una sola excusa a la Generalitat para el victimismo, aunque es evidente que el Govern considera que tiene sobrados motivos para quejarse.

El ministro Íñigo de la Serna flanqueado por los consellers Josep Rull y Meritxell Borràs, el pasado miércoles en Barcelona.El ministro Íñigo de la Serna flanqueado por los consellers Josep Rull y Meritxell Borràs, el pasado miércoles en Barcelona. (EFE)

La llamada “operación diálogo” se va a instalar en ese tira y afloja durante unos meses. Fomento ya tiene casi listo un nuevo plan de inversiones en Rodalies, pero el ministro no dio detalles porque será Santamaría quien lo exponga con todo boato en Barcelona. La vicepresidenta es consciente de que la poca credibilidad de las promesas de su Gobierno en Catalunya y por eso será ella, y no el ministro, quien se comprometa, puesto que eso significa que Cristóbal Montoro colocará las partidas correspondientes en el Presupuesto. Pero es muy difícil que las posibles mejoras se perciban en un plazo breve (el plan abarcará seis años), de ahí que también haya mucho de escenificación. La Generalitat también pondrá en escena sus reclamaciones. Por ejemplo, con una reunión de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, que agrupa a instituciones, cámaras de comercio, sindicatos, patronales y universidades.

La financiación autonómica no se abordará hasta después de aprobar los Presupuestos, en mayo. Es un flanco aún más difícil, ya que todo gesto hacia Catalunya levantará en contra a los barones territoriales de PP y PSOE, aunque se abre camino la intención de incluir el criterio de ordinalidad, lo que supondría para Catalunya una corrección del baremo entre la solidaridad que aporta y los recursos que recibe. Pero aun en el caso de que la financiación y las infraestructuras mejoraran, el Gobierno central llega tarde a paliar el malestar acumulado en Catalunya. El calendario se le echa encima, ya que la convocatoria del referéndum podría precipitarse antes del verano y las causas judiciales contra dirigentes independentistas entran en fase crítica.

Y es justo en esta materia esencial en la que el Gobierno central todavía no tiene claro cómo actuará. Lo único seguro es que no permitirá otro 9-N. Habrá que ver hasta qué punto avanzará Puigdemont en la desobediencia y cómo lo encajará su partido (esta semana, los farolillos de Vic con la estelada han provocado algún crujido interno) y la respuesta del Gobierno del PP a esa convocatoria y a la movilización independentista será crucial. Hasta entonces, la “operación diálogo” no puede quedarse en buenas intenciones y sin ninguna propuesta de contenido político si quiere ser verosímil. Algunos datos del sondeo que La Vanguardia publicará mañana revelan que muchos catalanes desean una salida pactada al conflicto, pero la inmensa mayoría no se cree que haya un verdadero cambio de actitud de la Moncloa.