Catalunya, hacia elecciones


08/01/2017 01:16 | Actualizado a 08/01/2017 02:01

La expresión tautológica del presidente de la Generalitat (“referéndum o referéndum”) se está sustituyendo ya en Catalunya y fuera de ella por otra con mucho más sentido político: “elecciones o elecciones”. La consulta independentista que podría celebrarse –como se ha encargado de recordar Xavier Domènech– no sería muy diferente al “proceso participativo” del 9-N del 2014 y, en consecuencia, no tendría unas consecuencias distintas. Serviría para reproducir la reacción gubernamental, del ministerio fiscal y de los tribunales ordinarios: nuevos en­causamientos por
presuntos delitos de prevaricación y desobediencia. La hiperactividad del independentismo no logra, sin embargo, romper los bloques sociales en Catalunya, divididos casi por mitad, entre quienes desean la secesión –o así lo dicen– y quienes la descartan. El Gobierno no está solo en la negativa a un inverosímil referéndum “legal y pactado”. Tampoco parecen por la labor los socialistas y Ciudadanos. Y al ya en ciernes nuevo partido de Ada Colau le conviene una confrontación electoral que le permita –así lo creen sus dirigentes– renovar el gobierno de la Generalitat, liquidar lo que queda de la ex CDC e instalar en Sant Jaume un Ejecutivo de izquierdas con ERC que reformule el proceso soberanista impulsando, más que la independencia en sí misma, un proceso constituyente.

Desde la capital de España se sigue apostando por los gestos pero no por las acciones incisivas para tratar de recomponer la situación con los partidos secesionistas. Se cree que la espera es ahora más urgente que la adopción de medidas resolutivas en la llamada “operación diálogo”. Se opta no sólo porque se termine por visualizar como inviable el referéndum, sino también por comprobar cómo discurren los procesos penales contra Mas, Rigau, Ortega, Homs y Forcadell, y por donde deriva el entendimiento entre Junts pel Sí y la CUP que sigue sin franquear al Govern los presupuestos, un compromiso que los anticapitalistas incumplen de manera perseverante. Por otra parte, la negativa de Puigdemont a ser candidato a la presidencia le amortiza y crea enorme incertidumbre, especialmente, si Artur Mas fuese inhabilitado por el TSJC. El deterioro de la arquitectura política del secesionismo es tan evidente como sus últimos y recurrentes fracasos. El Gobierno central considera que mucho más que una “desconexión”, la Generalitat se ha introducido en el aislamiento porque en la comunidad se impone la precariedad política y una grave insuficiencia financiera. Tampoco se observan –ahí está la resolución del TC alemán sobre Baviera– movimientos de solidaridad o de apoyo internacionales a la causa independentista, aunque no se descartan cuando se produzcan –si se producen– sentencias condenatorias contra todos o algunos de los encausados por el 9-N o contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Por lo demás, PP, Ciudadanos y Podemos, van a formar criterio definitivo respecto de Catalunya, reforma de la Constitución y otros aspectos que afectan a la crisis catalana en sus respectivos congresos y asambleas que se celebrarán en el mes de febrero. La gestora socialista anunciará, quizás el próximo día 14, la fecha del congreso extraordinario del PSOE y es muy posible que, también en breve, presente un acuerdo inicial con el PSC que reformule las relaciones orgánicas entre ambos partidos, hito importante en la recomposición del socialismo en su conjunto y pacto renovado imprescindible para que los socialistas de Catalunya afronten con seguridad esos comicios que parecen ya inevitables a pocos meses vista.

No obstante, la suposición de que el independentismo ahora en el Govern catalán arrojará la toalla resignadamente es una errónea conclusión. No lo hará y movilizará la calle a través de sus correas de transmisión social como son Òmnium Cultural y la ANC, además de la acción de agitación de los ayuntamientos independentistas. La presencia en la calle dispondrá, también, de alicientes emotivos de mucha envergadura: el enjuiciamiento penal de Mas y Forcadell, de Homs y Rigau y Ortega dispone de un perfil antiestético inevitable y ofrece un relato martirial a sus protagonistas. Hay procesos políticos que muchas veces son más eficientes generando víctimas que vencedores. La judicialización de la cuestión catalana ha sido indeseable pero, a partir de un determinado momento (quizás ese en el que Mas desafió al Gobierno y se autoproclamó responsable político de la desobediencia al TC) se ha hecho inevitable. La protesta y el desahogo político y popular ante las resoluciones judiciales en esos procedimientos pueden ser el último acto de este proceso, el preámbulo electoral y el posterior comienzo de otro con objetivos diferentes y ritmos distintos.