Más lejos que nunca

 Author Img DIRECTOR DE CONTENIDOS DE LA VANGUARDIA.COM
16/04/2018 01:08 | Actualizado a 16/04/2018 07:58

Las posiciones del Gobierno de España y el independentismo catalán están cada día que pasa más separadas y enfrentadas que nunca. El paso del tiempo no está contribuyendo a un descenso de la tensión y a una salida al conflicto, sino todo lo contrario. La última semana ha sido una buena muestra de que el abismo entre las dos partes se ha agrandado. El Parlament trató de investir president a Jordi Sànchez, con el argumento del aval de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el Tribunal Supremo lo rechazó. La Cámara catalana reaccionó subiendo el listón, presentando una querella por prevaricación contra el juez Llarena por su decisión, y 24 horas después el Gobierno amenazó con una denuncia por malversación contra el Parlament si se atrevía a ejecutar la acción judicial contra el juez. Y así vamos. Los sucesos se van repitiendo y las posiciones se van radicalizando sin que nadie sepa cómo puede acabar ­todo.

Sin gobierno autonómico, con el artículo 155 en vigor, con diversos dirigentes independentistas encarcelados de forma preventiva y con un Carles Puigdemont crecido por el aval del tribunal alemán y con las manos libres para apurar sus cartas hasta el 22 de mayo, el panorama es desalentador. La visita que hizo el Rey a Barcelona el pasado lunes para la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces es todo un síntoma. No puede ser normal que el ­jefe del Estado tenga que venir a Ca­talunya en las condiciones que vino con una cápsula de seguridad de policías a su alrededor, como si estuviéramos en una situación bélica. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación?

El Gobierno central sigue tratando la cuestión como un problema judicial, y la palabra diálogo sólo aparece en los editoriales de los principales medios de comunicación y en las palabras de algunos dirigentes internacionales. Todo el esfuerzo se centra en tratar de contrarrestar la imagen positiva que la causa catalana ha despertado en parte de la opinión pública internacional y poner una vela para algún santo de causas imposibles que consiga que el Tribunal Superior del land de Schleswig-Holstein cambie de opinión y extradite a Puigdemont por delito de rebelión. El coste que está teniendo todo ello para la imagen exterior de España es muy grave, pero parece que nadie repara en ello. Lo único que importa es conseguir meter en la cárcel a los dirigentes independentistas cuanto antes mejor y que paguen por ello. En esta sección hemos escrito ya más de una vez el grave error que supuso la fallida declaración de independencia y los errores cometidos por los dirigentes soberanistas en su viaje a ninguna parte, pero sería un error seguir obviando el malestar existente en buena parte de la sociedad catalana. El sentimiento de frustración y malestar contra el Gobierno central no ha hecho sino crecer en estos últimos años y no parece, vista la manifestación de ayer, que vaya a menguar en el futuro.

Pero, a pesar de ello, el soberanismo catalán debe seguir insistiendo en la vía del pacto. Puigdemont ha tenido la fortuna de que su situación procesal le puede beneficiar, a diferencia de otros dirigentes independentistas que están ya encarcelados. Suya es también la responsabilidad de buscar una solución real y posibilista al conflicto y no persistir en la insistencia de una República que carece de cualquier tipo de legalidad. Insistir en la vía del diálogo con los pies en el suelo es el único camino que debería seguir Puigdemont. No está de más recordar la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) que refleja que un 55% de los catalanes se inclina por un acuerdo con el Gobierno central para superar la actual situación.

Frente a ello, el Gobierno del PP debería hacer también una relectura de la situación. Difícil, por todos los frentes abiertos que tiene, pero necesaria porque la vía judicial no parece que vaya a ser la solución. El independentismo continúa teniendo un fuerte apoyo de la sociedad catalana y sería un error seguir pensando que el “soufflé” acabará bajando. Al contrario, el interés internacional que está despertando el conflicto no beneficia en nada a España.

La guerra del lazo amarillo

En algunos departamentos de la Generalitat existe una verdadera guerra entre funcionarios por la simbología del lazo amarillo. Partidarios de la liberación de los presos no dejan de colocar lazos en balcones, despachos y espacios públicos para reivindicar su causa. Inmediatamente, otros funcionarios los hacen desaparecer con vehemencia. Algunos son enviados por la propia Delegación del Gobierno, que tiene un equipo destinado a ello para evitar que se propaguen en centros públicos. Enseguida, los defensores del lazo los vuelven a poner. Y así sucesivamente. La situación se ha hecho especialmente insostenible en algunos departamentos donde la tensión entre algunos funcionarios es palpable.

Demòcrates quiere oír su voz

Demòcrates de Catalunya tiene dos diputados en la Cámara catalana –Antoni Castellà y Titón Laïlla–, obtenidos dentro de la candidatura de Esquerra Republicana (ERC), pero en los últimos tiempos su posición está más cercana a las tesis de Carles Puigdemont que a la de los dirigentes republicanos. Por este motivo, en una reciente reunión del consejo del partido en Barcelona, se puso en duda la conveniencia de seguir la disciplina del grupo de Esquerra. El partido debatirà hoy en la reunión de su comisión ejecutiva esta situación, y no se descarta hacer una votación interna entre los militantes para conocer su opinión al respecto.