Referéndum ‘offshore’

18/06/2017 01:03 | Actualizado a 18/06/2017 02:46

El Govern de Carles Puigdemont quiere que el referéndum del 1 de octubre sea lo más parecido a una jornada electoral habitual, aunque, a falta de acuerdo con la Moncloa, lo que se impone es un referéndum offshore. Impulsado por la Generalitat, pero con los servicios externalizados. La estrategia tiene dos problemas: situar a los voluntarios en los titulares es sucumbir ante la alargada sombra del 9-N y genera disonancias a la hora de apuntalar la idea de un referéndum vinculante. Puigdemont sostiene que hay un plan alternativo para cada obstáculo u amenaza. Urnas, funcionarios, locales...

Si las querellas de la Fiscalía o el Tribunal Constitucional impiden la compra ordinaria de urnas –se ha calcado el procedimiento de la Junta de Andalucía–, siempre habrá una entidad benefactora que, aquí o en la China, las compre y las ceda a la Generalitat. Si se necesitan entre 4.000 y 5.500 funcionarios para el día D, sobre todo municipales, se convoca a voluntarios. Y la experiencia –otra vez el 9-N– evidencia que se pueden registrar más de 40.000 personas en un par de días. Si Oriol Junqueras fue voluntario, por qué no Xavier Domènech, auguran en el bloque independentista la víspera de la cita de los comunes con Puigdemont.

La única garantía jurídica que el Govern puede dar a los funcionarios es apartarlos oficialmente del proceso y predicar que en la ley no se prevé la participación de trabajadores públicos, sino de representantes de la administración. La ley no es otra que la de Régimen Electoral General, esa que se aplica en Catalunya desde hace casi 40 años ante la incapacidad del Parlament de aprobar una norma propia. Y hay soluciones para todos los gustos. En las generales del 2011, el Ayuntamiento de l’Hospitalet ya acreditó a parados como delegados de la Administración. Los seleccionados, procedentes de la bolsa de trabajo municipal –mayores de edad y con el título de la ESO–, comunicaron a la Administración la constitución de las mesas, ­hicieron los avances de participación y notificaron los resultados. Si los miembros de las mesas elec­torales –unos 72.000 para 8.000 urnas– también acaban siendo voluntarios –si no se obliga al ­funcionario no se puede obligar al ciudadano–, el Govern garantiza una sonrisa tras la urna en lugar del hastío habitual de quien está allí por democrática obligación.

La junta electoral será sustituida por una Sindicatura y, a falta de jueces, se designará a juristas y politólogos, también voluntarios; como el sustituto del secretario municipal que ejercerá de delegado de zona de la junta electoral. Para eso está la norma que regulará el referéndum y quién sabe si la desconexión. El misterio más difícil de resolver será el papel de los 7.000 mossos y cerca de 2.000 policías locales que se movilizan en cada cita electoral. Porque la ley es la ley, pero ¿qué ley?

El Govern apuntala su firmeza con la movilización ciudadana mientras consellers y altos cargos tragan saliva. Las querellas de la Fiscalía son el mar menor. La “mala leche” del Estado, dicen, se demuestra por el procedimiento del Tribunal de Cuentas. Hay que avalar antes de empezar y para Artur Mas y los condenados del 9-N la cifra solidaria supera los 5 millones. Un “susto o muerte”.

Así que el consuelo está en las calles. Las entidades independentistas presumen que unas cien mil personas se podrían poner en marcha para ejecutar su plan de movilización permanente. Lo que urge es un defensor mediático del no a la independencia, que no le haga ascos a la unilateralidad y no se amedrente ante las amenazas. ¿Voluntarios?