Madrid les mata

19/01/2017 02:17 | Actualizado a 19/01/2017 02:25

La insolidaria es Catalunya, pero Madrid les mata. La conferencia de presidentes autonómicos ha puesto sobre la mesa un cambio en los parámetros del debate sobre el modelo de financiación. La ausencia de la Generalitat en la cita del Senado recibe la descalificación unánime de PP y PSOE pero desveló la paradoja del momento. Mientras se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal, el Gobierno catalán se tensa ante la exigencia de la CUP de subir el tramo autonómico del IRPF.

En el 2014, Rajoy aparcó sin contemplaciones la reforma del sistema. No había dinero extra para repartir, pero es que el Gobierno estaba volcado en su propuesta estrella de la legislatura, la reforma fiscal, y la batalla autonómica por la financiación carecía de interés. Sobre todo ante el dudoso éxito a la hora de conjugar los tres objetivos a cubrir en la negociación: un sistema único, que nadie pierda y que no haya que inyectar más recursos. Había otro motivo. Los barones del PP comenzaban a impacientarse con las elecciones autonómicas a la vista y Rajoy prefirió centrarse en rebajar la tensión relajando los tipos de interés del recién inaugurado plan de proveedores. El presidente evitaba que el partido se quebrase por intereses electorales regionales y él podía presumir de ayudar a las autonomías desde la Moncloa.

Para que el incumplimiento de la ley no fuera tan flagrante, el ministerio de Hacienda jugó la carta Ángel de la Fuente y sus Cuentas Públicas Regionalizadas. Sus tesis sobre la metodología de las balanzas fiscales soliviantaron al gobierno catalán, aunque no tanto como alguna de las evaluaciones del sistema que las comunidades llegaron a remitir a Hacienda. Montoro venía alimentando la división de las autonomías entre “cumplidoras” y “no cumplidoras” y los problemas de déficit de Catalunya heredados del tripartito se convirtieron en el argumento para desacreditar las quejas de la Generalitat. José Antonio Monago, al frente de la Junta de Extremadura, se prestó para poner el mundo al revés y denunciar el privilegio catalán frente al agravio extremeño. Extremadura era la comunidad con menos déficit y menos deuda, exportadora de mano de obra y la que más energía aporta. “Somos el pulmón de España”, concluía el documento Balanza de Extremadura presumiendo de dehesa y embalses. Ni huella de la aportación fiscal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue el blanco de las críticas por sus políticas fiscalesLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue el blanco de las críticas por sus políticas fiscales (EFE)

Se puso en marcha un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera pero nadie esperó entonces una evaluación del actual sistema. No hacía falta. El diagnóstico era y es unánime: es un frankenstein que perpetúa e incluso aumenta las desigualdades.

Todas las actualizaciones del sistema se han resuelto aumentando la aportación del Estado y con Catalunya como simultánea punta de lanza y pagador de platos rotos. En 2009, el gobierno socialista tuvo que añadir 11.000 millones al sistema, repartidos en fondos creados ad hoc para salvar las demandas individuales de cada comunidad. La reforma se ha pasado tres años en el limbo, pero pocos gobiernos autonómicos han mantenido la reivindicación activa. Valencia, Baleares y… ¿Catalunya?

La Generalitat no quiere involucrarse en esa negociación y el Gobierno del PP rehúye de toda bilateralidad, incluida la informal, para mantener la paz entre sus barones. Alberto Núñez Feijóo se erige continuamente en voz autorizada de los populares con un pie en Galicia y la mente en Madrid: “no vamos a permitir un régimen diferenciado que nos perjudique ni otro que privilegie a unos sobre los otros”. Y Susana Díaz ensaya sus posibilidades de liderazgo en el PSOE. ¿Conclusión? Contra Catalunya se vive mejor. Madrid, el de Cristina Cifuentes, les mata.

Asumida como inamovible la excepcionalidad fiscal del País Vasco, la otra ausencia en la conferencia de presidentes, la del presidente de la Generalitat obligaba a asumir la realidad: la desigualdad fiscal entre comunidades divide más que la reivindicación de la independencia de Catalunya. La solidaridad madrileña es una falacia alimentada con inversiones del Estado que no se imputan a Madrid porque “benefician a todos” e ingresos que se asumen como propios como si no fuera la capital. Cifuentes se puede permitir reducir impuestos mientras otros no están para lujos, algo que hermana a Catalunya con Extremadura.

La decisión de la Generalitat de no participar directamente en la comisión de expertos que debe diseñar un nuevo sistema es un contratiempo para más de los que quieren reconocerlo. El debate pone frente al espejo al resto de autonomías y verse, ahora sí, las caras.