La ley de consultas

El juego retórico pone en el centro lo sustancial: la soberanía depende de hacerla explícita de manera formal

Artículos | 23/08/2014 - 00:00h


Jordi Graupera


La estrategia de los partidos pro consulta consiste en asumir que, legalmente, el Parlamento no puede convocar a los catalanes a un referéndum sin el consentimiento del gobierno central. Para solucionarlo, han elaborado una ley de consultas no refrendarais.

Siguiendo la sentencia del Constitucional contra el plan Ibarretxe, los legisladores catalanes han evitado algunos errores. Por ejemplo, al parlamento vasco le dijeron que su consulta era un referéndum porque se dirigía al cuerpo electoral, y porque copiaba el procedimiento de los referéndums, y que exigía la aprobación del gobierno central. El legislador catalán ha respondido con una ley que establece varios censos según las consultas, siempre diferentes del cuerpo electoral, incluyendo, por ejemplo, a mayores de 16 años y a extranjeros con un determinado arraigo, desde el barrio hasta todo el territorio de Catalunya.

El PSC ha alegado en el Consell de Garanties Estatutàries que como se quiere preguntar sobre la independencia, la materia es trascendental, fuera de las competencias de los catalanes. La ley de consultas camufla un referéndum, dicen, que debería ser aprobado por el gobierno central. El PP añade que si la independencia es imposible, ¿cómo va a ser legal preguntarlo? El Consell ha respondido que las competencias no sólo son la lista que sale en el Estatut, sino también la iniciativa política que el autogobierno en su conjunto puede necesitar. Puede preguntar al conjunto de ciudadanos sobre cuestiones esenciales y después atenerse al ordenamiento jurídico. Prohibirlo en estos términos equivaldría a decir que la libertad de expresión de una preferencia política contra el statu quo formalmente sólo es posible si al gobierno central le parece conveniente y oportuno. Sería contrario a la Constitución.

Tanto el PP como el PSC-PSOE, pues, se oponen a la celebración de una consulta de este tipo porque piensan que una vez el pueblo se ha pronunciado no hay marcha atrás. Por eso creen que es un referéndum camuflado, porque, una vez celebrada la consulta, ¿como negarle los mismos efectos? Creen que a través del voto aparece una soberanía real, autodeterminada, que tiene sentido convoque quien convoque. La respuesta deslegitimaría la unidad de España.

La Generalitat argumenta lo opuesto: la consulta es legal porque no crea un pueblo soberano nuevo. Sólo consulta la opinión sobre la soberanía al grupo más grande de catalanes (que no coincide con el cuerpo electoral normal). Por lo tanto, legalmente, no menoscaba la soberanía española. El objetivo es cumplir con leyes y sentencias, y después, si hay consenso, proceder a la legitimación de un nuevo orden de libertades.

Es un juego retórico que pone en el centro lo sustancial: la soberanía depende de hacerla explícita de manera formal. Así, la ley de consultas pone a Mariano Rajoy en la necesidad de hacer callar, y a los catalanes, en la de forzar a los representantes de aquí y de allí a oírnos formalmente.