Cuestión de lealtades

21/05/2017 01:22 | Actualizado a 21/05/2017 03:11

ERC ha inaugurado esta semana una lealtad tripartita. A la decisión del Govern de no acusar a CDC en el juicio del caso Palau, al Parlament que reclama al Ejecutivo que acuse, y a su compromiso de manos limpias y la lucha contra la corrupción. Y es que los caminos de la lealtad entre los socios del ejecutivo catalán no son siempre rectos. O eso debió pensar Carles Puigdemont cuando su vicepresidente y presidente de los republicanos reconvertía el acuerdo cerrado 24 horas antes para mantener la estrategia judicial iniciada hace cinco años. No hubo aspavientos públicos pero la lista de cuentas pendientes aumenta.

Que los socios del Govern reivindiquen su perfil político en el Parlament dejó de ser noticia. No sólo porque el de Puigdemont y Junqueras es el ejecutivo que ha sufrido más derrotas en el hemiciclo a manos de la oposición –más de un millar de enmiendas a los presupuestos aprobadas son la pequeña muestra–, sino porque ERC y, mucho después el nuevo PDECat, han dado muestras evidentes de que la excepcionalidad de la alianza en Junts pel Sí difícilmente tendrá reedición y existe vida electoral más allá del proceso soberanista.

El problema no es otro que los partidos necesitan reafirmar su personalidad por encima de los objetivos del Govern y lo han hecho justo cuando el cronograma de trabajo independentista se situaba sobre la fecha señalada para lanzar la oferta final de diálogo al Gobierno de Mariano Rajoy. No hay que despistar al enemigo cuando está entretenido, así que la Moncloa aprovechó para ofrecer a Puigdemont hacer “un Ibarretxe” en el Congreso. La conferencia del president en Madrid se convierte en réplica y no en propuesta y sus ecos no llegarán al martes. El foco volverá al caso Palau y la reunión del consorcio en el que el Ayuntamiento de Barcelona insistirá en reclamar que se acuse a CDC.

El conflicto tiene además efectos colaterales. El Govern no calibró que los argumentos técnico-jurídicos no casan bien con la nueva ética política. Esa que obliga a los consellers a registrar hasta media docena de huevos de regalo. La indefinición de los comunes ha encontrado en las causas judiciales contra CDC su mejor aliado para contrarrestar las maniobras de Puigdemont, que busca mantenerlos en el consenso del referéndum el máximo tiempo posible, y alimentar la obsesión de ERC de proteger su terreno electoral por la izquierda.

También se han puesto sobre la mesa las evidentes dificultades del PDECat para imponer un relato de renovación. Aunque Marta Pascal proclame que la corrupción le da asco, sin ser desleal, no puede protagonizar la versión política de la matanza de Texas con algunas figuras del pasado en busca de credibilidad. Pascal impuso la abstención en la votación del Parlament que reclamaba al Govern que acusara a la antigua Convergència pese a que algún ilustre dirigente muy activo prefería votar en contra. Pero a su paso adelante necesitará de más impulso. Se vislumbran nuevos obstáculos con CDC. El diputado Germà Gordó tiene un problema y se llama... caso 3%.