Soberanismo a juicio

22/01/2017 00:44 | Actualizado a 22/01/2017 01:36

El Parlament de Catalunya arrancó la legislatura proclamándose depositario de la soberanía y exento de supeditarse a las decisiones del Estado Español, en particular del Tribunal Constitucional. Se instaba al Govern a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de la Cámara catalana para blindar los derechos fundamentales que pudieran resultar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español. Del Estado, no del Gobierno, lo que incluye todo el sistema judicial, más allá de la referencia explícita al Constitucional. Aún así, a pesar de las microdesobediencias de la CUP a citaciones judiciales y la reiteración de apercibimientos del Alto Tribunal a parlamentarios y consellers advirtiendo de desobediencias (¿continuadas?), se recurre, se presentan alegaciones, se acude a declarar y, con el expresident Mas a la cabeza, los encausados se sientan en el banquillo.

El Gobierno del PP condujo su problema con Catalunya hacia el terreno de la justicia para ahorrarse las decisiones políticas y ahora los tribunales se han convertido en el principal altavoz de un proceso sometido en lo político a intereses partidistas que nada tienen que ver con la independencia. Con el futuro de la legislatura poniendo a prueba lo que el president Puigdemont calificó como “cadena de confianza” entre el Govern y la CUP a cuenta de los presupuestos, el calendario judicial permite al soberanismo reorientar el relato popular.

Está por ver si se gana la independencia, pero hay mayoría para afrontar la nueva batalla –también a nivel internacional– enarbolando ahora la bandera del derecho a decidir de los ciudadanos y la libertad de expresión de los cargos electos. A eso se aferran también las entidades soberanistas para mantener la temperatura de la movilización ciudadana el día 6 de febrero, cuando arranque el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Así que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau –y Francesc Homs en el Supremo– ya no tienen una defensa al uso ante una acusación penal, su defensa es política y el éxito de su causa será la inhabilitación –el fiscal borró de su hoja de ruta cualquier amenaza de prisión–. El 9-N no pasaban por allí, se responsabilizan de un proceso, que más allá de la dudosa “astucia y audacia” del Govern, se retransmitió en directo y del que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo conocimiento paso a paso. La querella contra el expresident provocó un cisma en la fiscalía, la caída del fiscal jefe de Catalunya, pero también demostró los límites de la acción penal del Gobierno. Un total de 938 municipios aprobaron mociones de apoyo a la consulta, se utilizaron 684 locales municipales, pero no se juzga a sus alcaldes.

Sostiene la cúpula del poder judicial que no se puede pedir a los jueces que hagan política y que cualquier observador sin prejuicios puede comprobar que se actúa con neutralidad. Lo demás, dicen, es propaganda porque los hechos son que se ha sentado en un banquillo a presidentes autonómicos y hasta a la hermana del Rey. Su problema es que Rajoy ha decidido que sean los jueces y no él quienes crucen el Rubicón.