Una bomba a pie de urna


 23/06/2016 00:47 | Actualizado a 23/06/2016 01:40

El momento, demoledor: quien haya sacado esas grabaciones a cinco días de las urnas, lo hizo para cargarse a Fernández Díaz, a Rajoy y al Gobierno del PP. La autoría, misteriosa: no se entiende que el despacho del ministro sea tan vulnerable. El contenido, un escándalo agrandado por el oportunismo político (legítimo) de quienes han encontrado una mina electoral. Y el porvenir, intrigante: quien hizo esas grabaciones puede haber hecho muchas más. Multitud de secretos de Estado pueden estar en manos de un agente político desconocido y quién sabe si de un auténtico conspirador.

Este cronista no cree que estemos ante un GAL mediático, como lo califican Junqueras y Puigdemont. Cree que es una de las conversaciones que se mantienen en un despacho, donde no se habla de política fiscal, ni de reformas laborales, ni del premio Cervantes. En el despacho de un ministro del Interior se habla de seguridad, de policía, de investigaciones policiales y se busca información para dirigir la política del sector. Como Fernández y Alfonso son catalanes, tiene lógica que hablen de Catalunya. Como uno es ministro del Interior y el otro, director de la Oficina Antifrau, es natural que se intercambien información de corrupciones. Hasta ahí, todo normal. Bueno, casi normal. Por lo menos, entendible.

Lo grave es, como tantas veces, la intención. De las palabras grabadas se desprenden conclusiones muy incómodas para ambos personajes y para Rajoy. Para el ministro, porque parece instigar una indagación de fraudes de personajes políticos catalanes de primer nivel. Quizá sea injusta esta conclusión, pero es razonable sostener que se buscó desprestigiar a líderes independentistas por la cartera. Ironías de la política: a Fernández Díaz le toca pagar la denuncia que Dolores de Cospedal le había hecho a Rubalcaba: le acusó de utilizar la policía contra el adversario político. La historia se repite, pero al revés.

Para Daniel de Alfonso es incómodo porque queda como un colaborador de la policía estatal, casi como un confidente que le va contando al ministro lo que sabe. Al ser un cargo elegido por el Parlament, no parece que tenga que reportar al Gobierno central. La acusación de deslealtad es demasiado tentadora. Queda desprestigiado, pero su historia termina con su destitución.

Y para Mariano Rajoy es, sencillamente, la gran trampa. Si estaba informado de las reuniones, como dice Jorge Fernández, estaba informado de su contenido. Pero ayer, al decir que desconocía la existencia de la Oficina Antifrau, quedó como un gobernante que desconoce lo que gobierna. Todo esto, mezclado, aireado por todos los demás partidos, excitado por el calor de las urnas, agrandado por el discurso electoral y aprovechado para exigir dimisiones, es una bomba que acaba de estallar a pie de urna. Es exagerado e injusto hablar de estado policial. Pero el suceso hace posible cualquier exageración.