“Así se hace más pupa....” 

 23/06/2016 00:32 | Actualizado a 23/06/2016 03:54

La tarde del 24 de febrero del 2005, la tierra se abrió en el Parlament. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se levantó de su escaño, se giró y señalando con el dedo a Artur Mas se dejó ir: “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”. Era el pleno por el hundimiento en las obras de metro del Carmel pero los discursos apuntaban más allá de los damnificados del barrio. Una comisión de investigación posterior dictaminó que no había pruebas de que se pagaran comisiones por la adjudicación de obra pública y dejó como herencia el compromiso de crear una oficina antifraude. Era el momento de ERC, sus mans netes, y el tripartito .

El organismo debía tener como referente la Olaf comunitaria pero arrastraba dificultades para encajar en el entramado institucional autonómico. El proyecto inicial topó con las reticencias de PSC y CiU a permitir que investigara a los ayuntamientos, embarrancó en el Consell Consultiu, no hubo ley hasta noviembre del 2008, ni director hasta mayo del 2009. El fiscal David Martínez Madero buscó su espacio entre la Fiscalía y la Sindicatura de Comptes, sin mucho éxito porque Mariano Rajoy –“el presidente lo sabe”– descubrió el martes que existía una Oficina Antifrau, ahora con Daniel de Alfonso al frente.

Medio millar de personas se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno en BarcelonaMedio millar de personas se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno en Barcelona

La crítica comienza por casa. Se suponía que Antifrau actúa “con plena independencia y objetividad” y “no recibe instrucciones de ninguna autoridad”. Se suponía que sus investigaciones se rigen por “criterios de celeridad, economía, simplicidad, eficacia y discreción máxima”. Se suponía que se garantiza “la reserva de identidad a quien lo solicita, además de ofrecer asesoramiento al denunciante de buena fe”. Y se suponía que el control de la actuación de la oficina corresponde al Parlament…

Se desconoce si Daniel de Alfonso – “por encima de todo soy español”– buscaba la independencia en el despacho del ministro del Interior perfilando “torpedos” y planeando cómo hacer “más pupa”. Se desconoce si considera que la objetividad se alcanza “afinando, afinando… podríamos decir que ¡hombre! es un acto prevaricador”. Se desconoce si la celeridad de las investigaciones es pedir que le remitan informes de la UDEF: “¡Coño, dámelo y ya lo sacaré yo”. Se desconoce si el criterio de economía pasa por externalizar dossiers al jefe de seguridad de una empresa privada por afinidades ideológicas. Y se desconoce si el “amigo empresario” de Daniel de Alfonso que le soltó un chascarrillo tomando un café “debajo de casa” es un denunciante de buena fe o sólo un imprudente.

De Alfonso se lamenta ante el ministro de que no tiene recursos para investigar y es que 3,9 millones de los 5,1 que tiene de presupuesto se van en sueldos de los 48 trabajadores. Empezando por los 135.150 que llegan a su cuenta corriente. ¿Y el resultado del año pasado? Una denuncia ante la Fiscalía. Y si no convence, “ellos te lo afinan”.