LOS JUEVES, ECONOMÍA

ANTÓN COSTAS

Catedrático de Política Económica (UB)

Manual de uso de las autonomías

Una tarea fundamental que queda pendiente es fijar los criterios de reparto equitativo de ingresos y gastos


JUEVES, 23 DE JULIO DEL 2015

Dice un refrán que a perro flaco, todo son pulgas. De la misma forma, cuando una economía flaquea como consecuencia de una crisis, los niveles de vida de los ciudadanos se debilitan y sus oportunidades se ven mermadas. En estas circunstancias, cuando hay menos a repartir, no es sorprendente que aparezcan percepciones y sentimientos de agravio. Sentimientos que se intensifican cuando se vive en un Estado descentralizado. En estos casos la percepción de que unos territorios se benefician más que otros de los gastos y de la financiación pública es casi inevitable. Es lo que está ocurriendo en España en los últimos años. ¿Qué hacer para evitar que estas percepciones y sentimientos acaben afectando de forma irreversible a la cohesión territorial, social y política de España?

Lo primero es intentar sacar ese debate del terreno de los sentimientos y someterlo a la razón. Para ello, hay que medir. Cuantificar todas aquellas cosas que están sujetas a debate: la renta que se produce en cada territorio, los recursos financieros que recibe, las necesidades de sus habitantes, el gasto por habitante en servicios públicos y el nivel de precios en cada comunidad autónoma. Dicen los ingleses que lo que no se mide empeora, y que lo que se mide puede mejorar. Si no medimos aquello sobre lo que discutimos, difícilmente nos entenderemos. Por eso hay que celebrar la publicación estos días de dos informes importantes de los que ha dado noticia este diario ayer y anteayer.

El primero está dirigido por el profesor de la UPF Jaume García. Por primera vez se mide la riqueza que se genera en cada comunidad autónoma -el PIB por habitante- corregida por su nivel de precios. Eso permite un ránking de la renta atendiendo al poder de compra real que tienen los ingresos que genera la economía en cada territorio. Al tener en cuenta la inflación, las diferencias entre comunidades ricas y pobres se atenúan. Así tenemos una imagen más fiel de la distribución de renta primaria, o renta del mercado en cada comunidad.

El segundo informe actualiza los datos del Sistema de Cuentas Territorializadas del Ministerio de Hacienda, que dirige el profesor Ángel de la Fuente. El informe cuantifica para el 2012 los flujos de ingresos y gastos del Estado en cada comunidad. Eso permite tener una clasificación de comunidades una vez que operan los programas distributivos -ingresos y gastos- del Estado.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A estos dos informes hay que añadir uno recientemente elaborado por el Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE), dirigido por el profesor Francisco Pérez García, y publicado por la Fundación del BBVA. Analiza las diferencias regionales en el acceso a los servicios públicos fundamentales y las consecuencias para la igualdad de oportunidades en el acceso a esos servicios.

Este trabajo identifica algunos hechos importantes. Primero, que existe una enorme diferencia en el gasto público por habitante en estos servicios. Segundo, que esas diferencias en el gasto no se explican por las distintas necesidades que existen en cada comunidad, derivadas de la distinta demografía, de la distribución territorial de la población o de los diferentes niveles de precios. Tercero, que detrás de esas diferencias de gasto per capita hay una enorme diferencia de ingreso por habitante que tienen las comunidades autónomas. Una diferencia difícilmente sostenible. Al margen del cuestionamiento que pueda hacerse sobre la métrica utilizada para medir en cada uno de los trabajos, lo importante es que se mida. Ya habrá tiempo para discutir las bondades y debilidades de cada uno de ellos. Pero esa discusión será ya sobre una base racional y no emocional como ahora.

¿Qué nos dicen todos estos informes acerca del funcionamiento del Estado de las autonomías? Que es necesario mejorar su funcionamiento para que se cumpla mejor el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a servicios públicos fundamentales por parte de todos los españoles, independientemente del lugar en que vivan. La organización descentralizada del Estado fue un acierto de la Constitución de 1978. Pero lo que no hicieron los constituyentes de 1978 fue escribir lo que podríamos llamar el manual de instrucciones de uso del Estado de las autonomías. Es decir, los criterios para el reparto equitativo de ingresos y gastos. Quizá no podían hacerlo entonces, cuando aún no había comenzado a rodar el invento. Pero hoy, tras más de tres décadas de funcionamiento, ya sabemos cuáles son sus debilidades y cómo remediarlas. Hoy podemos y necesitamos escribir ese manual. Es una tarea fundamental de la próxima legislatura. Si logramos hacerlo, muchos problemas, tensiones y conflictos hoy enquistados encontrarán una salida más racional y eficaz
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