24/09/2017 02:38 | Actualizado a 24/09/2017 03:22

Es comprobable en la historia de España: cuando la respuesta a la temeridad ha sido el desdén, ha surgido la catástrofe política y constitucional. Ahora estamos en pleno siniestro, ese que metafóricamente se esperaba iba a ocurrir y que con una perseverancia en el error digna de una causa más digna ni unos ni otros han evitado cuando aún se daban las condiciones para hacerlo.

Esta aseveración no es equidistante sino simplemente notarial. El secesionismo ha sido reiteradamente temerario y, en particular, en dos episodios de ingrata memoria. En enero del 2016 entregó imprudentemente las llaves de la casa catalana a la CUP y no hizo lo que dictaba el más elemental buen sentido, esto es, volver a reclamar el dictamen de las urnas. No sólo: en aquella tesitura los partidos soberanistas omitieron la consideración de que en las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre del 2015 –así calificadas por ellos– no obtuvieron la mayoría de los votos populares.

En este mismo mes, los pasados días 6 y 7 de septiembre, la mayoría parlamentaria impuso por la vía de hecho la virtual derogación en Catalunya de la Constitución y de la legalidad estatutaria mediante la aprobación de la ley del –ya parece que inviable– referéndum de autodeterminación previsto para el próximo domingo, y de una extrañísima norma denominada de forma alambicada como de “transitoriedad y fundacional de la república”. Ambas disposiciones también ­liquidaron la institucionalización catalana sustituida por una provisionalidad atentatoria al básico principio de seguridad jurídica.

La inconsciencia resulta una actitud irresponsable derivada de las decisiones temerarias, es decir, máximamente imprudentes e infundadas. De ahí que el independentismo en su conjunto no pueda aducir sorpresa, o atribuir imprevisibilidad, ante la acción represiva del Estado que su comportamiento ha activado. Tampoco debería sorprenderse de que los poderes ejecutivo y judicial –el Gobierno y los tribunales de justicia así como el Constitucional– hayan entrado en un procedimiento de contundente respuesta cuya proporcionalidad al desafío soberanista se debe medir mucho más por su obligatoriedad que por su estética (prácticamente inexistente).

Los independentistas han llegado, sin embargo, hasta donde el propio Estado, desdén del Gobierno mediante, les ha permitido. No podremos saber si esta crisis de tan grandes proporciones y altísimos costes de todo orden pudo haberse evitado cuando, por causas mucho más frondosas de las que habitualmente se relatan, el nacionalismo saltó al separatismo hace cinco años, un paso que preludiaron las movilizaciones del verano del 2010 tras las sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 2006.

Lo que sí estamos todos en condición de acreditar es que el Gobierno de Mariano Rajoy y las élites españolas carecieron del ojo clínico político y social suficiente como para establecer un diagnóstico precoz y una aplicación inmediata de terapias –paliativas o curativas– que sorteasen la colisión y el subsiguiente siniestro actual. El hecho de que el presidente del Gobierno esté ahora cumpliendo con su obligación no le redime de no haberla observado antes con la diligencia que es exigible a la persona que encarna una magistratura con tantos resortes de poder.

No creo que sea realista suponer que en el corto plazo hay posibilidades de recomponer la situación. Ni la Generalitat recapacitará, ni el Estado cejará en defenderse de la agresión a su integridad. Cierto es que se trata de un escenario político que destroza la estética de la democracia. Pero ni al fiscal general del Estado ni al ministro de Hacienda y Función Pública –ambos mascarones de proa de la respuesta estatal– les preocupa la cosmética de sus decisiones, porque el poder en estas situaciones se ejerce de manera abrupta.

Es verdad que el independentismo ha hecho bandera de la armonía cromática y la civilidad. Salvo cuando ha tenido poder. Los días 6 y 7 de septiembre, en el Parlament de Catalu­nya, le importó la compostura exactamente lo mismo que ahora lo hace al Go­bierno y al poder judicial: nada. La épica y la estética connotan habitualmente aquellos movimientos políticos aspiracionales e improbables, carentes de recursos de poder efectivo. Cuando logran el manejo de los mandos –reitero la remisión a las sesiones parlamentarias de aprobación de las leyes de ruptura– los comportamientos, ­cada uno a su escala, se igualan y pa­recen.

En último término esta crisis tan grave tiene un origen quizás más prosaico: la alarmante incompetencia política de los responsables gubernamentales en Madrid y Barcelona. Sus yerros son de distinta naturaleza y más graves aquellos que han incorporado a su mal cálculo el quebranto de la legalidad democrática. Su restablecimiento en Catalunya es una condición necesaria pero no suficiente para solventar el grave problema en el que estamos empantanados. Es verdad que cualquier solución pasa por la negociación política, pero el texto de un posible acuerdo debe producirse en un contexto que jamás puede ser el insurrecto de ahora.

Por lo demás, todos van a llevar en el pecado su penitencia, porque estas clases dirigentes que han provocado el desaguisado forman parte del problema, sin duda, pero no de la solución. Tanto en Barcelona como en Madrid, antes o después pero de forma irreversible, se va a producir un cambio de ciclo. El que viene será de izquierdas aunque esta vez no podrá prescindir de la derecha, ni del nacionalismo, ni del independentismo, ni del populismo. Si se quiere evitar un proceso constituyente –otro más, tan frustrante– habrá que ir decididamente a una profunda reforma de la Constitución y a una nueva adición de voluntades. ¿Cuándo? Pues en fecha quizás no lejana y en todo caso muy posterior a la digestión de los episodios venideros de esta crisis a la que aún le queda potencial negativo por desplegar.