Efectos perversos de judicializar la política

 Author Img
27/01/2018 00:30 | Actualizado a 27/01/2018 03:22

El Consejo de Estado ha señalado con rotundidad y solidez jurídica que no es contraria al orden constitucional la resolución del presidente del Parlament de Catalunya en virtud de la cual, atendiendo a los resultados del 21-D, se propone a Carles Puigdemont como candidato a la investidura para la presidencia de la Generalitat. El Consejo de Estado subraya que la propuesta se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento legal establecido y que concurre en el candidato el requisito estatutario de ser parlamentario autonómico. A la vista de estos datos, el Consejo de Estado concluye, con expresa invocación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que una eventual impugnación de la propuesta de la candidatura de Puigdemont carecería de fundamentación jurídica por revestir un carácter preventivo o hipotético. Dicho en otras palabras, la conformidad constitucional de la propuesta efectuada por el presidente del Parlament debe examinarse atendiendo exclusivamente a su regularidad formal y no en función de si pueden concurrir en el candidato circunstancias que eventualmente permitan presumir su incomparecencia en el pleno de investidura.

El Gobierno, sin embargo, no ha seguido el criterio del Consejo y ha impugnado ante el TC la propuesta porque, entre otros motivos, Puigdemont tiene una orden judicial para comparecer ante el Tribunal Supremo en relación con presuntos delitos y ello supone un impedimento para admitir su candidatura a la investidura de presidente de la Generalitat. Teniendo en cuenta la posición del Consejo de Estado, ­basada en la jurisprudencia constitucional, lo más coherente sería que el TC no admitiera a trámite, por extemporáneo y carente de fundamentación jurídica, el recurso del Gobierno. Máxime, como apunta el propio Consejo, cuando las eventuales irregularidades que puedan manifestarse en el procedimiento parlamentario de investidura ya tienen el adecuado cauce subsiguiente de impugnación ante el Alto Tribunal.

Si, por el contrario, el TC admite a trámite el recurso del Gobierno, la consecuencia inmediata será la suspensión de la resolución que propone a Puigdemont como candidato a la investidura. En esta situación el presidente del Parlament debería dejar sin efecto el pleno de investidura, ya que de no hacerlo así, y en función del tenor literal de los señalamientos del auto del TC, podría incurrir en responsabilidades penales por desobediencia.

Llegados a este punto se impone un interrogante y una reflexión final. ¿Por qué se da ahora este nuevo conflicto político y jurisdiccional entre las instituciones catalanas y las estatales? La respuesta es simple: por el empecinamiento del Gobierno en judicializar penalmente el proceso independentista catalán y por la complicidad del poder judicial en el mismo empeño. El problema hoy planteado no existiría si no hubiera querellas criminales contra determinados políticos independentistas por presuntos graves delitos, como el de rebelión, cuya falta de fundamentación jurídica ha sido puesta de relieve por penalistas de toda España e implícitamente reconocida por el propio magistrado instructor al retirar la euroorden de extradición de Puigdemont. La reflexión final es obvia: el Gobierno y el poder judicial deben revisar su actuación abandonando la vía penal y dejando que sea la política en mayúsculas la que aporte soluciones.