El tiempo apremia

30/12/2017 00:15 | Actualizado a 30/12/2017 01:34

Los plazos para que Puigdemont decida si vuelve e intenta ser investido president son cada vez más perentorios. El paso dado por Rajoy para que la sesión constitutiva del Parlament tenga lugar el próximo 17 de enero obliga al cesado president a resolver con cierta rapidez cómo quiere jugar sus cartas. Si lo que pretende es acudir a la Cámara catalana en la sesión de investidura, tendrá que asumir ciertos riesgos. El primero, el de ser detenido. Aunque este no es un riesgo, sino una certeza. Podrán cambiar las circunstancias, según como fuera su llegada a Catalunya, pero es seguro que, de un modo u otro se cumpliría la orden judicial de detención, dictada primero por la juez Carmen Lamela y confirmada después por el magistrado del Supremo Pablo Llarena. Lo que suprimió Llarena fue la orden europea de detención, con el fin de evitar problemas con la justicia belga. Pero para los cuerpos policiales que operan en España se mantiene vigente la que se lanzó a efectos internos.

Desde el momento de la detención, la policía dispondría de 72 horas para poner a Puigdemont a disposición del Supremo. El juez Llarena, a su vez, decidiría sobre la situación personal del detenido en un plazo máximo idéntico. Lo subraya el letrado del cesado president, Jaume Alonso-Cuevillas, quien asegura que primero pediría la libertad de su defendido y, si el magistrado acordara el ingreso en prisión, cabría plantear de forma inmediata una solicitud específica para que Puigdemont pudiera acudir a la sesión de investidura. El precedente del caso del diputado electo de Batasuna Juan Carlos Yoldi, autorizado a acudir al pleno de investidura en el Parlamento vasco en 1987, jugaría a su favor. El problema, en todo caso, sería con respecto a la continuidad en el ejercicio de la función parlamentaria y, eventualmente, en la de gobierno. Queda otra hipótesis, que Puigdemont llegara a entrar en el Parlament sin haber sido detectado. Su defensor considera que no podría ser detenido en la Cámara catalana, sino en todo caso a la salida. De ocurrir tal ­cosa, la situación sería sumamente insólita, porque el primer lugar al que sería conducido el president ­investido sería a comisaría.