Una ley sin imperio

Una oficial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se presenta en el Palau de la Generalitat. Es la segunda vez que acude el mismo día. Es 12 de noviembre y Artur Mas se somete a la segunda votación del fallido pleno de investidura. La sesión se retransmite en directo por televisión, pero mientras Mas cargaba con el “no tranquilo” de la CUP en el Parlament el TSJC pretende notificarle en Palau la resolución del Tribunal Constitucional que suspendía la resolución de inicio del proceso de ruptura. A la segunda fue la vencida... Esa tarde, el todavía president en funciones recibe en mano la notificación.

La resolución pactada entre Junts pel Sí y la CUP había provocado un cisma interno en el Govern en funciones y aunque Mas no participó en la negociación inicial sí que se encargó personalmente de que apareciera una referencia a la sentencia del Estatut y a un Tribunal Constitucional “deslegitimado” y sin competencia”. Una referencia considerada “muy CUP” por algunos, pero que chocaba con la insistencia del expresident de no incluir la desobediencia expresa a sus resoluciones.

Los trabajos de la constitución catalana, las leyes de transitoriedad jurídica, la hacienda propia o la seguridad social pueden soslayar la formalidad parlamentaria con procesos de participación, asambleas, y comisiones de estudio. Hasta la declaración unilateral de independencia puede convertirse en una declaración de intenciones. Lo mismo que alegó el Parlament en su recurso contra la suspensión del TC: La resolución de ruptura sólo expresaba “una voluntad, aspiración o deseo”. Ahora, el compromiso del president Carles Puigdemont es no dejar a funcionarios e instituciones desprotegidos durante ese proceso, pero la astucia ante los tribunales no puede ser infinita. Aunque se hayan convertido en el único interlocutor de Catalunya en las instituciones del Estado.

El gobierno del PP minimizó la movilización soberanista en Catalunya y optó por delegar en la justicia sus tareas políticas. La legislatura se agotó y el dictamen de las urnas del 20-D sigue manifestándose indescifrable para los partidos y sus líderes, así que, a falta de política, la única respuesta para Catalunya es el rígido imperio de la Constitución. Sin nada que ofrecer desde la mesa de un consejo de ministros en precario, Soraya Sáenz de Santamaría adelanta recursos futuros un viernes y el viernes siguiente esgrime la petición de informes a la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado para presentar el recurso anunciado una semana antes... Las funciones de la vicepresidenta se limitan a repeler ataques contra el inmovilismo postelectoral de Mariano Rajoy y contraatacar con los tribunales las consecuencias políticas del mismo inmovilismo en Catalunya.

El Estado es hoy una ley sin imperio en el que se elige y aplaude al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia por su planteamiento de oposición preventiva a la Generalitat al margen de cuál sea su actuación. Los hechos son los hechos, pero la realidad es la percepción...