EDITORIAL

La hora del pragmatismo

Hoy termina un mes de octubre de excepcional intensidad en la política catalana: se inició el 1-O con el referéndum ilegal por la independencia


31/10/2017 01:53 | Actualizado a 31/10/2017 09:24

Hoy termina un mes de octubre de excepcional intensidad en la política catalana. Se inició el 1-O con el referéndum ilegal por la independencia. Y acabó de hecho el pasado viernes, día marcado por una inusitada sucesión de acontecimientos: la declaración de independencia en el Parlament, la aprobación en el Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana y, a continuación, y por orden del Gobierno central, la destitución del presidente y el Govern de la Generalitat, y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre (21-D).

La jornada de ayer, 30 de octubre, había generado también gran expectación. Flotaban en el aire dos preguntas. ¿Iba el independentismo a ignorar los efectos del 155 y a tratar de desdoblar la escena política, estableciendo una realidad paralela que rivalizara con la amparada por la Constitución? ¿Iban a aceptar los partidos soberanistas participar en el 21-D? Aunque el día no careció de sorpresas –el inesperado viaje de Carles Puigdemont, el presidente destituido, con cinco de sus consellers, también cesados, a Bruselas–, la respuesta que fue perfilándose a tales preguntas fue relativamente tranquilizadora. La gran mayoría de los consellers depuestos no fue a sus despachos. Los dos principales partidos independentistas, el PDECat y ERC, se inclinaron por participar en el 21-D. A pesar de que en la primera de dichas formaciones no está claro quién será el candidato. Y a pesar de que la secretaria general del segundo partido ponía en cuestión a primera hora de la mañana –luego se vería que gratuitamente– nuestro titular de portada de ayer: “PDECat y ERC asumen que deberán concurrir al 21-D”. La CUP ya había adelantado un día antes, el domingo, que no descartaba tal cosa.

La decisión de PDECat y ERC de acudir al 21-D nos parece positiva. No era fácil aceptar esta convocatoria del Gobierno, puesto que responde a un orden político ajeno e incluso contrario al de la república catalana, por más que esta fuera proclamada con sordina. Pero menos conveniente sería quedarse fuera del nuevo Parlament. La razón pragmática –y realista– aconsejaba apuntarse al 21-D. Y así parecen haberlo entendido los partidos nacionalistas. En la misma línea, Carme Forcadell, presidenta del Parlament, asumió la disolución de dicha institución. El pragmatismo estaría pues imponiéndose en la administración catalana, en cuyos altos niveles no se registraron dimisiones.

Ayer tuvimos también noticia de las dos querellas de la Fiscalía General del Estado, por rebelión, sedición y malversación, contra el depuesto presidente Puigdemont y contra sus consellers, y contra la presidenta del Parlament y los miembros de su Mesa. He aquí un hecho relevante y no sin consecuencias. Porque si la campaña del 21-D llegara a verse salpicada por detenciones de políticos catalanes, la urgente pacificación de nuestra sociedad se vería frenada. Sobre todo, si la acción de la Fiscalía no se ve acompañada por un relato del Estado en el que, además de elementos correctivos, haya otros de persuasión y seducción. La justicia debe sin duda seguir su curso (y puede hacerlo a varias velocidades). Ahora bien, la política del Estado no debe seguir siendo sólo reactiva. Debe ser sobre todo proactiva. Catalunya ha vivido largo tiempo al filo del abismo y ha pagado alto precio por ello. Ahora que se dan condiciones para estabilizarla ante horizontes más despejados nadie debería contribuir a incendiarla de nuevo.